Tras la legalización del aborto libre en las primeras catorce semanas, la aprobación del "matrimonio homosexual" o la introducción de la ideología de género más radical en las aulas, las siguientes medidas de ingeniería social que podrían aprobarse próximamente en España son la regulación de los conocidos como "vientres de alquiler" y la eutanasia.

El pasado mes de enero, Unidos Podemos registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para regular la eutanasia en España. En los últimos meses, tanto Ciudadanos como el PSOE han presentado en la Cámara baja proposiciones sobre los derechos y garantías de las personas ante el proceso final de la vida, aunque los socialistas han querido dejar claro que su iniciativa busca ayudar a que se produzca una buena muerte, pero no legalizar la eutanasia.

El PP, por su parte, ha anunciado que no incorporará en sus estatutos la oposición a la eutanasia en el Congreso Nacional. A pesar de que estaba previsto que la Ponencia social incluyera la frase "el Partido Popular se muestra contrario a la eutanasia", tras una enmienda del PP de Fuenlabrada el texto se limitará a recoger el derecho de las personas con enfermedad terminal a recibir cuidados integrales paliativos de calidad.

Asimismo, en las últimas semanas, ha irrumpido en el debate político la llamada "maternidad subrogada". Mientras formaciones como Ciudadanos apuestan por una ley que regule los "vientres de alquiler", el Partido Popular, PSOE y Podemos se enfrentan a un debate interno entre quienes rechazan esta práctica y los que piden su regulación.

La exdiputada Lourdes Méndez, en declaraciones a La Gaceta, ha reiterado que los vientres de alquiler "atentan contra la dignidad de la mujer" y ha advertido que la aprobación de la enmienda transaccional supone un "cheque en blanco a los vientres de alquiler". "Es un desastre. Se trata a los compromisarios como si no tuvieran criterio", señala Méndez.